La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado el pasado de 18 de abril de 2023 la Resolución A/77/L60 titulada “Promover la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible”, un hito de grandes dimensiones. Veintiocho países de todos los continentes apoyaron esta Resolución, sin ninguna posición en contra.
La Resolución define las siguientes características estructurales de la economía social y solidaria: engloba a empresas, organizaciones y otras entidades (1) cuya gobernanza es democrática o participativa, (2) cuyo criterio de distribución y uso de los excedentes o de los beneficios, así como de los activos confiere primacía a las personas y al fin social sobre el capital, (3) la autonomía y la independencia (frente a gobiernos y empresas tradicionales) y (4) que se basan en los principios de la cooperación voluntaria y la ayuda mutua.
De enorme trascendencia es la identificación de las principales formas jurídico-empresariales integrantes de este ámbito de la economía social. A este respecto, la Resolución reconoce la diversidad internacional, pero precisa que comprende inequívocamente a cooperativas, asociaciones, mutuales, fundaciones, empresas sociales, grupos de autoayuda y otras entidades que operan según sus valores y principios.