Las infinitas oportunidades de la economía verde en Canarias
Los expertos sitúan la creación de valor experiencial vinculado a las joyas medioambientales del Archipiélago como el gran reto del nuevo modelo turístico 
Dunas de Maspalomas, en Gran Canaria, limitada por la construcción en ese entorno natural / Getty Images
El fomento de la economía verde en Canarias se ha convertido en una promesa electoral que perdura ya durante varias legislaturas consecutivas. Habrá un impuesto verde. Lo ha anunciado el Pacto de las Flores y, aunque por el momento se desconoce en qué términos, la revolución fiscal que estreche el cerco a las actividades contaminantes no será suficiente para revertir los efectos del cambio climático.
El Archipiélago se aferra a su parque de energías renovables, a la sostenibilidad de los recursos y a la eficiencia para adaptarse a los objetivos de la década de la Unión Europea, que pretende reducir la huella de carbono notablemente antes de 2030 y rebajar a cero las emisiones antes de 2050. El equilibro que deben hacer ahora el Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos entre la protección de los espacios naturales y el dinamismo de los mismos es prácticamente un arte funámbulo. Para el profesor e investigador de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Matías González, “transitar hacia la economía verde es un desafío ineludible si queremos empezar a resolver algunos de los viejos problemas económicos estructurales como su incompatibilidad con la conservación de los recursos naturales, de los que depende, o potenciar oportunidades para alrededor del 20 por ciento de la población activa, muchos jóvenes egresados que todavía no han encontrado su primer empleo”.
Más de un centenar de empresas orbitan en torno a las energías renovables en las islas actualmente. También unas 300 empresas están adheridas a Ecoembes. Sin embargo, los especialistas advierten sobre el gran reto medioambiental al que se mide el Ejecutivo: crear un nuevo modelo turístico con múltiples nichos de mercados. Al respecto, González asegura que las administraciones cuentan con varios campos de acción que impliquen a toda la población en el impulso de la economía verde: “Se trata de crear valor experiencial vinculado a la extraordinaria red de áreas protegidas. Atesoramos una increíble biodiversidad, sin embargo, todavía somos incapaces, con un flujo de viajeros de 15 millones, de incorporar esos espacios naturales para tener un turismo de mayor potencial y mayor nivel de gasto”.
Entre los casos más prácticos de la ineficiencia se encuentran las Dunas de Maspalomas, un icono vertebrador de las islas que pierde 40.000 metros cúbicos de arena al año y en cuyo horizonte se dibuja la desaparición. “Las proyectamos internacionalmente como una playa extraordinaria cuando es algo más interesantes, un sistema único con especies endémicas y una dinámica fantástica que, además, por la torpeza en la planificación turística o por el exceso de codicia hemos herido de muerte”, insiste el investigador, que sí destaca el plan de contingencia impulsado por el Cabildo de Gran Canaria: “estamos empezando a hacerlo (contener su desaparición) por el módico coste de un millón de euros al año, que, comparado con el valor económico que las dunas generan a la sociedad canaria, es absolutamente irrisorio. Todavía tenemos dudas de si ese programa pionero mundialmente que ayuda a la naturaleza a recuperar el ciclo de la arena va a continuar”.
Pese al desalentador panorama, la ciencia y la política ya han puesto en marcha algunos proyectos vinculados a esta vertiente económica. Se trata, por ejemplo, del plan YENESIS que catapulta el Instituto Tecnológico de Canarias para la capacitación de jóvenes desempleados con estudios superiores para acceder a oportunidades profesionales en las áreas de eficiencia energética, energías renovables, turismo sostenible y movilidad.
Y en la mente de los expertos todavía hay recuerdo para los grandes incendios del pasado verano en Gran Canaria. En este aspecto, el Matías González concluye y advierte de un serio problema de gobernanza: “El incendio de Tamadaba empezó en una zona rural y si queremos proteger estas joyas naturales tenemos que mejorar también el entorno social, natural y agrario que las rodea. El desafío es extraordinario, tiene que ver con la recuperación de la agricultura en medianías, en cómo mejoramos los sistemas de depuración de agua o con la recuperación de productos locales”.