En tres años las sociedades llamadas a actualizar su situación no han podido por el atasco generado por la Administración pública, que ahora amplía el plazo.
El Parlamento de Canarias aprobó el pasado enero una ampliación del plazo inicialmente previsto para que las sociedades cooperativas de Canarias adapten sus estatutos a la Ley 4/2022. Con esta reforma, el límite inicialmente fijado para el 10 de enero de 2026 se extiende hasta el 10 de enero de 2027, otorgando a las cooperativas un margen adicional para culminar este proceso de adecuación normativa con las debidas garantías. De este modo se favorece a las cooperativas y a la economía social, un sector prioritario, dice la Consejería de Turismo y Empleo. Pero tras esta decisión no se esconde lo que en aquel pleno se puso de manifiesto: la Administración pública no ha sido capaz de asumir la tramitación de los expedientes correspondientes en tiempo y forma.
«Muchas cooperativas habían presentado su iniciativa, pero debido a problemas de sobrecarga administrativa, el registro de sociedades cooperativas de Canarias no había podido autorizar esas adaptaciones», reconoció el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, en el pleno de enero. «Una espada de Damocles», así calificó la situación.
Si no se hubiera llevado a cabo la modificación normativa, con la ampliación de un año de los tiempos, la consecuencia sería la disolución y la entrada en fase de liquidación de las cooperativas. Pero cuántas. Casi el 65%, según datos aportados por la Consejería de Turismo y Empleo de Canarias.
Concretamente, lo que se modificó es el apartado primero de la disposición transitoria segunda de la Ley 4/2022, de 31 de octubre, de Sociedades Cooperativas de Canarias, que establecía que las cooperativas constituidas antes de la entrada en vigor de la norma tenían un plazo de tres años para adaptar sus estatutos sociales a la nueva ley. Ahora, las sociedades cooperativas en Canarias constituidas antes de 2023 tienen de plazo hasta el 10 de enero de 2027 adaptar sus estatutos a la citada ley.
En la provincia de Las Palmas, de las 961 cooperativas registradas, 715 están inactivas, lo que representa un 74,40% del total. O lo que es lo mismo, ese casi 75% significa que 3 de cada 4 cooperativas provinciales corre el riesgo de quedar disuelta de pleno derecho y entrar fase de liquidación.
Por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, hay inscritas 628 sociedades cooperativas. De ellas 540 están inactivas registralmente, número que representa un 86% del total.
En cuanto a cooperativas de ámbito autonómico, hay inscritas 336. De ellas, 218 computan como inactivas registralmente. Este número de cooperativas representa un 65% del total regional.
Por contra, al poner los datos en positivo, se contabilizan activas 118 cooperativas en la Comunidad Autónoma de Canarias; 88 cooperativas activas por la provincia de Santa Cruz de Tenerife; y 246 por Las Palmas.
Los ámbitos productivos en los que se mueven van desde la explotación agrícola al transporte o la enseñanza, el trabajo asociado o la vivienda, entre otros.
Por ley, una cooperativa está inactiva cuando lleva más de 10 años sin cumplir obligaciones registrales -no solicitan legalización de libros, no presentan cuentas anuales para depósito, no comunican cambios en su junta directiva-.
Hay que recordar que la Ley 4/2022, de 31 de octubre, de Sociedades Cooperativas de Canarias es la primera ley específica del archipiélago, y fue impulsada en la anterior legislatura por el Gobierno de PSOE-NC-Podemos. Era la tercera legislatura en la que se intenta sacar adelante una norma que, supuestamente, facilita la constitución y gestión de este tipo de sociedades.
Plazos. Las cooperativas anteriores a la Ley 4/2022, de 31 de diciembre, tenían tres años para actualizar su situación.
Prórroga. El límite inicialmente fijado era el 10 de enero de 2026, pero se extiende hasta el 10 de enero de 2027.
Burocracia. La Administración no ha podido asumir la tramitación de los expedientes.
Garantías. Se otorga a las cooperativas un margen adicional para culminar el proceso de adecuación normativa con las debidas garantías.
Para más información: Más del 65% de las cooperativas de Canarias corre el riesgo de desaparecer por su inactividad legal | Canarias7