La nueva Ley 1/2026 integral de impulso de la economía social renuncia a incorporar incentivos clave para el cooperativismo de trabajo
Este pasado viernes, 10 de abril, ha entrado en vigor la nueva Ley Integral de Impulso de la Economía Social tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma, que recibió el respaldo definitivo del Congreso de los Diputados el pasado 26 de marzo, busca modernizar el ecosistema legislativo de un sector que, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, da empleo a más de 2,5 millones de personas en España.
Desde un punto de vista descriptivo la norma introduce cambios y actualiza cuestiones necesarias en el ámbito de las cooperativas y de las empresas de inserción, refuerza la contratación pública reservada y redefine el marco normativo del sector para adaptarlo a las nuevas realidades económicas y sociales.
Sin embargo, hay silencios en esta ley que esconden algunas oportunidades perdidas para ayudar a reforzar la capacidad del cooperativismo de trabajo para crear empleo, distribuir equitativamente la riqueza, fomentar la democracia en el seno de las empresas y articular el territorio como ningún otro modelo empresarial lo hace.
Si quieres conocer por qué el cooperativismo de trabajo hace un balance agridulce de esta ley, no te puedes perder este artículo.